Asesoría jurídica

UNA EUROPA MÁS INCLUSIVA, CADA VEZ MÁS CERCA

Asesoría Jurídica y Económica de UP

Con el objetivo de permitir el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad en todos los Estados miembros, y de garantizar la igualdad de acceso a condiciones especiales y el tratamiento preferente en cualquier país miembro, la Comisión Europea ha presentado su propuesta legislativa para la aprobación de la Tarjeta Europea de Discapacidad.

El reconocimiento de la condición de persona con discapacidad en un Estado miembro de la Unión Europea permite a esta persona beneficiarse en ese país de determinadas condiciones especiales en el acceso a diversos servicios, actividades e instalaciones, como son las relativas, entre otras, al uso del transporte público y el acceso a la cultura, ocio, centros deportivos y otros espacios, mediante tarifas reducidas, asistencia personal y ayudas a la movilidad.

Sin embargo, cuando una persona con discapacidad viaja a otro Estado miembro de la Unión Europea puede encontrar dificultades para acceder a las prestaciones especiales ofrecidas en el Estado miembro que visita, debido generalmente a una falta de reconocimiento de su tarjeta o certificado de discapacidad expedido por su Estado miembro de residencia.

Con el objetivo de permitir el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad en todos los Estados miembros, y de garantizar la igualdad de acceso a condiciones especiales y el tratamiento preferente en cualquier país miembro, la Comisión Europea ha presentado su propuesta  legislativa para la aprobación de la Tarjeta Europea de Discapacidad.

La propuesta se basa en el proyecto piloto que se desarrolló en ocho Estados miembros (Bélgica, Estonia, Italia, Chipre, Malta, Rumanía, Eslovenia y Finlandia) entre 2016 y 2018. La Comisión Europea lo evaluó entre 2019 y 2020 y concluyó que claramente existían ventajas para las personas con discapacidad a la hora de acceder a los servicios en los ámbitos de la cultura, el ocio y el deporte, y en algunos casos, el transporte, así como a la hora de promover su circulación transfronteriza en la UE durante un período de tiempo. Por ello, en marzo de 2021, la Comisión adoptó la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030, siendo una de las iniciativas emblemáticas la creación de una Tarjeta  Europea de Discapacidad.

Esta Tarjeta Europea de Discapacidad complementará a las tarjetas nacionales de discapacidad, que seguirán siendo emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros con sus propias condiciones.

Una vez aprobada la propuesta legislativa de creación de la Tarjeta Europea de Discapacidad, los Estados miembros tendrán un plazo de 18 meses para incorporar las disposiciones de la directiva a la legislación nacional. Tras eso, la legislación será aplicable un año después, momento a partir del cual las personas con discapacidad podrán solicitarla.

Asimismo, la propuesta  legislativa de la Comisión Europea trae consigo la mejora de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

Actualmente existe un modelo europeo voluntario de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad que facilita el reconocimiento de la tarjeta de estacionamiento en los distintos Estados miembros. No obstante, las desviaciones nacionales con respecto a este modelo recomendado han dado lugar a una proliferación de tarjetas distintas que obstaculiza su reconocimiento transfronterizo y, en consecuencia, dificulta el acceso de las personas con discapacidad a las condiciones y facilidades de estacionamiento especiales reservadas para personas con discapacidad que cuentan con una tarjeta de estacionamiento “local”.

Por ello, la Comisión Europea ha propuesto proporcionar normas y condiciones comunes que regulen la expedición de esta tarjeta y la plantilla común que deberán aplicar todos los Estados miembros para sustituir a las múltiples tarjetas nacionales de estacionamiento existentes, con el objetivo de permitir que las personas con discapacidad puedan acceder a los derechos de estacionamiento que están disponibles en otros Estados miembros de la Unión Europea.